PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD.
El principio de proporcionalidad es una norma legal empleada para asegurar que las limitaciones a los derechos esenciales sean proporcionales al propósito legítimo que se busca alcanzar. En resumen, este principio aspira a prevenir que se establezcan restricciones excesivas o innecesarias a los derechos de los individuos.
Principio y origen.
El principio de proporcionalidad se originó en el derecho romano y ha progresado a través del tiempo en varias jurisdicciones. A pesar de que no se menciona explícitamente en todas las constituciones, se percibe como un principio fundamental del derecho que surge del concepto de justicia y razonabilidad.
Elementos y estructuras.
El principio de proporcionalidad se organiza alrededor de tres componentes fundamentales:
I. Idoneidad: La medida restrictiva debe ser adecuada para alcanzar el objetivo legítimo que se persigue.
II. Necesidad: La medida restrictiva debe ser la menos lesiva posible para el derecho fundamental en cuestión.
III. Proporcionalidad en sentido estricto: La restricción del derecho fundamental no debe suponer un sacrificio excesivo en comparación con el beneficio que se obtiene.
Aplicación.
El principio de proporcionalidad se aplica en diversos ámbitos del derecho, especialmente en el derecho constitucional y en el derecho administrativo. Los tribunales suelen utilizar este principio para controlar la validez de las leyes y de los actos de la administración que limitan derechos fundamentales.
Valor Relevancia.
El principio de proporcionalidad es un recurso esencial para salvaguardar los derechos esenciales de los individuos ante intervenciones injustas del poder público. Al requerir que las limitaciones a los derechos sean proporcionales, se asegura que estos derechos no sean restringidos de forma arbitraria o de forma excesiva.
Críticas y retos a superar.
Aunque es crucial, el principio de proporcionalidad también ha recibido críticas por su relevancia. Algunos escritores sostienen que su uso puede ser personal y que puede resultar en fallos judiciales inciertos. Otros indican que este principio puede emplearse para legitimar limitaciones superfluas a los derechos esenciales.
En conclusión,
El principio de proporcionalidad es un pilar jurídico esencial que aspira a asegurar que las limitaciones a los derechos fundamentales sean proporcionales al propósito legítimo que se busca alcanzar. Este principio se organiza alrededor de tres componentes fundamentales: idoneidad, necesidad y proporcionalidad en términos rigurosos. Pese a los obstáculos, el principio de proporcionalidad continúa siendo un recurso crucial para salvaguardar los derechos básicos en un Estado de Derecho.
TEST DE PROPORCIONALIDAD.
- Convenios: Si el contrato no cumple, el juez tiene la obligación de determinar si la anulación del contrato es una acción proporcional al incumplimiento, o si hay otras opciones menos dañinas para el deudor.
- Obligación civil: Al establecer la compensación por daños y perjuicios, el magistrado debe garantizar que la suma corresponda al perjuicio provocado, previniendo enriquecimientos injustificados.
- Derechos legítimos: En conflictos relacionados con la propiedad o tenencia de bienes, el magistrado debe evaluar si las acciones implementadas, como los lanzamientos o embargos, son adecuadas a la circunstancia y no infringen derechos esenciales.
- Salvaguarda de derechos: Garantiza que los fallos judiciales no infringen derechos esenciales de los involucrados, tales como el derecho a la propiedad, la libertad de contratación o la integridad individual.
- Equidad y justicia: Asegura que las soluciones a las disputas sean justas y balanceadas, previniendo cargas excesivas o innecesarias para alguna de las partes involucradas.
- Seguridad legal: Promueve la certidumbre de las resoluciones judiciales, dado que las partes pueden prever la aplicación del principio de proporcionalidad en sus respectivos casos.
- Personalidad: Su uso puede ser personal, dado que se basa en la apreciación que el juez haga de los intereses involucrados y en la proporcionalidad de la medida.
- Complejidad: Su evaluación puede resultar complicada, particularmente cuando existen varios derechos e intereses en disputa.
- Ausencia de coherencia: Su implementación puede fluctuar entre distintos magistrados y tribunales, lo que puede provocar incertidumbre legal.
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